La pobreza no es una condición innata e insuperable, no es un problema genético, ni una maldición eterna. Al contrario, creemos que es posible cambiar esa realidad. El objetivo superior de toda sociedad es el progreso, el ascenso social a partir de las aspiraciones a vivir mejor. Si no fuera así, habría privado el conformismo y aun viviéramos en las cavernas. De manera que superar la pobreza no es una utopía, sino un objetivo concreto y viable que nos proponemos alcanzar.
La pobreza es una condición asociada a las limitaciones para acceder a bienes y servicios básicos de manera oportuna y bajo estándares de eficiencia y calidad. Las condiciones en que se puede acceder a bienes y servicios es fundamental para establecer el impacto en la calidad de vida, por ejemplo: resulta inútil acceder a servicios de salud después que la persona ha fallecido o se encuentra en estado terminal (Oportunidad). Se impactará negativamente la calidad de vida de una familia, si es víctima de los apagones, recibe un servicio eléctrico intermitente o por tales deficiencias, se le dañan sus equipos y aparatos electrodomésticos (Eficiencia). Lo mismo sucederá, si aun recibiendo agua diariamente, ésta no cumple con los requerimientos sanitarios para ser potable (Calidad).
Al estudiar el tema de la pobreza y considerar su solución, es imprescindible valorar algunos aspectos determinantes. El ingreso familiar está asociado en primer término con la alimentación pues cualquiera pensará invertir primero en atender esa necesidad vital: comprar comida y si hay excedentes, atender otras necesidades del grupo familiar. Pero una estrategia de seguridad alimentaria no puede abordarse a partir de utilizar los ingresos petroleros para importar productos que bien pudieran producirse nacionalmente si se garantiza la infraestructura de servicios y las condiciones jurídicas. Lamentablemente, actualmente somos un país importador en detrimento del aparato productivo. Lo procedente sería propiciar las condiciones y realizar las inversiones para producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer la demanda nacional y generar suficientes puestos de trabajo para la población. En todo caso, como primer punto, hay que destacar que el EMPLEO es la principal fuente de ingreso familiar y como tal, constituye un eslabón fundamental en la cadena que garantiza la seguridad alimentaria de la familia.
El otro aspecto que consideramos estratégico en un plan que aspire superar la pobreza es la EDUCACION. No existe país en el mundo que haya logrado tal objetivo sin destinar esfuerzos y recursos –no solo para dotar y mejorar la infraestructura educativa- sino para mejorar la calidad del proceso, reducir la deserción escolar y adecuar los servicios educativos a las necesidades del país y la realidad del mundo moderno. Algo similar podemos afirmar de la SALUD y la SEGURIDAD SOCIAL. Incrementar a la familia venezolana la posibilidad de poseer una VIVIENDA y de acceder a SERVICIOS PUBLICOS de manera oportuna y con elevados niveles de calidad, es otro de los objetivos primordiales que debemos plantearnos, ello en virtud a su alto impacto en la calidad de vida y su consecuente incidencia en la pobreza. Por supuesto que una exitosa política habitacional y de desarrollo urbano, debe valorar el MEDIO AMBIENTE como una variable esencial. Por cierto, nos referimos al medio ambiente no solo aludiendo a condiciones del entorno, zonas de riesgo o áreas a preservar, sino a la concepción de un desarrollo integral, armónico, sostenible y sustentable.
Finalmente, afirmamos que la pobreza no es un problema exclusivamente económico: hay otros aspectos de ella que no están referidos al ingreso o las condiciones de vida, sino a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos. Quizás el ejemplo mas elocuente lo apreciamos cuando constatamos la existencia de una justicia para los pobres y otra para los que pueden pagar buenos abogados o pueden dar “celeridad procesal” a sus causas. De manera que nuestro compromiso de trabajo para superar la pobreza, exige que paralelamente se mantenga una indeclinable lucha por garantizar, preservar y ampliar DERECHOS, GARANTIAS Y LIBERTADES públicas e individuales a toda la población, indistintamente de su condición social, política, económica o religiosa.
En esta breve descripción hemos identificado los aspectos determinantes que propician, causa o mantienen a una familia en situación de pobreza, ello sin entrar a considerar los distintos niveles de pobreza en función de parámetros ya definidos.
domingo, 13 de diciembre de 2009
ESTO ES LO QUE HAY...
No aspiramos hacer un diagnóstico de la realidad social venezolana, eso lo han hecho destacados y muy competentes expertos en la materia. Lo que pretendemos es destacar algunos rasgos resaltantes que caracterizan nuestra realidad, ello conscientes de que no abarcaremos todos los aspectos, que apenas daremos una visión superficial y que seguramente el lector podrá completar el balance a partir de su propia experiencia. Dicho esto, podemos advertir lo siguiente:
Seguridad: Alarmantes índices de criminalidad, la inseguridad azota a todos los sectores y particularmente a aquellos de escasos recursos. La inseguridad se ha extendido de manera incontrolada hasta escuelas, hospitales y espacios públicos. Hay elevada población armada ilegalmente, incremento del tráfico y consumo de estupefacientes, severo cuestionamiento a los cuerpos policiales y déficit en dotación y equipo para los mismos, ausencia de una política preventiva y un sistema judicial y penitenciario incapaz de aportar solución al problema. Entre otras cosas, esta descripción de la inseguridad resume un doloroso cuadro que guarda relación con el deterioro social del país y enluta a miles de familias venezolanas. La mayor parte de las víctimas son jóvenes de los sectores populares.
Empleo: Pese a que las cifras nacionales son maquilladas, hoy sabemos que el desempleo se ubica por encima del 12%. Cerca de 5 millones de venezolanos se encuentran en la economía informal. Tanto trabajadores formales e informales como los desempleados carecen de una justa y eficiente seguridad social. Existen múltiples protestas reivindicativas de los trabajadores por las precarias condiciones laborales, con el agravante de que el mercado de trabajo se reduce cada día mas como consecuencia de la caída de las inversiones y la parálisis parcial del aparato productivo.
Salud: Crisis en el sistema asistencial como producto del deterioro de la infraestructura hospitalaria a todos los niveles, carencia de equipos e insumos médicos-quirúrgicos, ausencia de una política integradora que articule con gobiernos regionales y locales, demandas salariales insatisfechas, trato desconsiderado al personal médico y mas. La muestra más elocuente de esta realidad es el reconocimiento del fracaso del programa social bandera del gobierno: Barrio Adentro, el cual según -el propio Presidente- tiene cerrado 2000 módulos de atención.
Educación: deterioro general, no solo de la infraestructura, sino de los procesos educativos, lo cual ha afectado seriamente la calidad de la educación en Venezuela. También en este sector son frecuentes los reclamos por demandas laborales insatisfechas. Existe una creciente preocupación por la politización excesiva del sistema educativo. Igualmente, por la reducción de los programas sociales, algunos de ellos a punto de extinción como los Hogares de Cuidado Diario o el Vaso de Leche Escolar.
Vivienda: Después de más de 10 años de gobierno casi se ha duplicado el déficit habitacional, el cual se ubica en torno a los 2.000.000 de unidades de vivienda. Se ha excluido al sector privado y al contrario, prácticamente se ha criminalizado a los promotores inmobiliarios. Se ha intentado implementar políticas de autoconstrucción pero ellas resultan insuficientes sin el uso de nuevas tecnologías para la construcción masiva de viviendas.
Infraestructura y Servicios: También en ésta área resulta inocultable el deterioro general. Hoy tenemos serias deficiencias en el servicio eléctrico, el suministro de agua potable y la distribución de gas, especialmente en los sectores populares. La vialidad está francamente en un estado deplorable y el transporte registra profundas deficiencias, no solo por la ausencia de inversiones y la falta de política, sino por la incapacidad del Ejecutivo Nacional para coordinar esfuerzos con otras instancias de gobierno. Los servicios de cloacas y drenajes son ineficientes en los grandes centros poblados y prácticamente inexistentes en las zonas rurales. La falta de mantenimiento de los espacios públicos se hace cada día más evidente.
Seguridad: Alarmantes índices de criminalidad, la inseguridad azota a todos los sectores y particularmente a aquellos de escasos recursos. La inseguridad se ha extendido de manera incontrolada hasta escuelas, hospitales y espacios públicos. Hay elevada población armada ilegalmente, incremento del tráfico y consumo de estupefacientes, severo cuestionamiento a los cuerpos policiales y déficit en dotación y equipo para los mismos, ausencia de una política preventiva y un sistema judicial y penitenciario incapaz de aportar solución al problema. Entre otras cosas, esta descripción de la inseguridad resume un doloroso cuadro que guarda relación con el deterioro social del país y enluta a miles de familias venezolanas. La mayor parte de las víctimas son jóvenes de los sectores populares.
Empleo: Pese a que las cifras nacionales son maquilladas, hoy sabemos que el desempleo se ubica por encima del 12%. Cerca de 5 millones de venezolanos se encuentran en la economía informal. Tanto trabajadores formales e informales como los desempleados carecen de una justa y eficiente seguridad social. Existen múltiples protestas reivindicativas de los trabajadores por las precarias condiciones laborales, con el agravante de que el mercado de trabajo se reduce cada día mas como consecuencia de la caída de las inversiones y la parálisis parcial del aparato productivo.
Salud: Crisis en el sistema asistencial como producto del deterioro de la infraestructura hospitalaria a todos los niveles, carencia de equipos e insumos médicos-quirúrgicos, ausencia de una política integradora que articule con gobiernos regionales y locales, demandas salariales insatisfechas, trato desconsiderado al personal médico y mas. La muestra más elocuente de esta realidad es el reconocimiento del fracaso del programa social bandera del gobierno: Barrio Adentro, el cual según -el propio Presidente- tiene cerrado 2000 módulos de atención.
Educación: deterioro general, no solo de la infraestructura, sino de los procesos educativos, lo cual ha afectado seriamente la calidad de la educación en Venezuela. También en este sector son frecuentes los reclamos por demandas laborales insatisfechas. Existe una creciente preocupación por la politización excesiva del sistema educativo. Igualmente, por la reducción de los programas sociales, algunos de ellos a punto de extinción como los Hogares de Cuidado Diario o el Vaso de Leche Escolar.
Vivienda: Después de más de 10 años de gobierno casi se ha duplicado el déficit habitacional, el cual se ubica en torno a los 2.000.000 de unidades de vivienda. Se ha excluido al sector privado y al contrario, prácticamente se ha criminalizado a los promotores inmobiliarios. Se ha intentado implementar políticas de autoconstrucción pero ellas resultan insuficientes sin el uso de nuevas tecnologías para la construcción masiva de viviendas.
Infraestructura y Servicios: También en ésta área resulta inocultable el deterioro general. Hoy tenemos serias deficiencias en el servicio eléctrico, el suministro de agua potable y la distribución de gas, especialmente en los sectores populares. La vialidad está francamente en un estado deplorable y el transporte registra profundas deficiencias, no solo por la ausencia de inversiones y la falta de política, sino por la incapacidad del Ejecutivo Nacional para coordinar esfuerzos con otras instancias de gobierno. Los servicios de cloacas y drenajes son ineficientes en los grandes centros poblados y prácticamente inexistentes en las zonas rurales. La falta de mantenimiento de los espacios públicos se hace cada día más evidente.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Antes de exponer la propuesta, lo primero que debemos advertir es que no habrá plan que pueda avanzar en la superación de la pobreza en Venezuela, si no hay una clara voluntad política orientada a enfrentar el problema, sin demagogia, ni populismo. De manera que el problema exige un claro sentido de responsabilidad al liderazgo nacional y especialmente a quienes ejercen el poder. En segundo lugar, exige igualmente un firme compromiso de todos los sectores de la sociedad: la pobreza es un problema de los trabajadores y de los que no tienen empleo pero también de los empresarios e inversionistas; es un problema de los líderes que generan opinión pero también de los medios de comunicación social, es un problema de quienes han perdido la fe y de quienes la proclaman desde la iglesia… En fin, elevar la calidad de vida de quienes tienen menos recursos y mas calamidades, es un reto de la sociedad.
Lo otro que es importante destacar es que se requiere replantear la orientación estratégica de las políticas públicas, así como intervenciones adecuadas en el ámbito institucional, algunas de estas consideraciones suponen la redefinición del rol del Estado en la sociedad. Como referencia de lo que hemos señalado tenemos, entre otros aspectos los siguientes:
1) Descentralización: Hay que revertir la asfixiante tendencia centralizadora y devolver competencias y recursos a las regiones y municipios. La descentralización es una conquista de la sociedad venezolana que precisamente aspiraba aproximar al ciudadano a la toma de decisiones e incrementar la capacidad de las comunidades organizadas para incidir en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas y obras en el ámbito local. La abusiva centralización del poder en los últimos años constituye un retroceso y atenta contra el principio de la “democracia participativa y protagónica” consagrado en la Carta Magna. La predica del gobierno sobre el “Poder Popular” o la “Contraloría Social”, se convierte en un ejercicio de demagogia.
2) Control del gasto público: La ausencia de una Asamblea Nacional que efectivamente ejerza su función contralora, ha derivado en desorden, despilfarro y una inmensa corrupción que se ha devorado ingentes recursos que deberían estar destinados a atender la demanda social. Lo mismo podemos decir de la Contraloría y la Fiscalía General de la República. Ningún país podrá superar la pobreza mientras el Presidente pueda endeudar a la República discrecionalmente, atendiendo intereses caprichosos de orden político y personal. Será imposible, si quienes ejercen el poder pueden dilapidar a su antojo los dineros públicos en regalos a otros países, proselitismo político o sencillamente desviarlos a sus cuentas personales. Por ello, la elección de una nueva Asamblea Nacional tiene especial significación a los fines de propiciar un cambio en la orientación de las políticas públicas.
3) Reorientación de las inversiones: asociado al punto anterior, es necesario que la definición de políticas que atiendan la problemática social del país, pueda marcar la pauta en la formulación del presupuesto de la Nación. Para solo poner un ejemplo, podemos decir que –vista la situación actual- es insólito que se incremente escandalosamente el presupuesto en el sector militar y se reduzcan las inversiones en el área social, incluyendo los programas sociales o Misiones.
4) Fortalecer los órganos de Control Social: los puntos anteriores están referidos al fortalecimiento institucional del Estado, no del gobierno. Pero resulta también muy importante robustecer los mecanismos de organización y participación comunitaria: consejos comunales, asociaciones civiles, organizaciones deportivas o culturales, etc. Se trata de despolitizar la acción comunitaria y dotar a estas organizaciones de información y otros mecanismos para ejercer la Contraloría Social y participar efectivamente como protagonistas de la gestión pública. Mientras el partido de gobierno intente colonizar estos espacios –como lo hacían antes y lo hacen ahora- difícilmente tendrá la suficiente autonomía para contribuir efectivamente al logro de objetivos colectivos. Mientras el Estado mantenga su orientación populista y clientelar, será imposible que el “Poder Popular” pueda expresarse realmente.
5) Programas Sociales: Lo que ahora conocemos como Misiones pudieran ser un eficaz instrumento para atender la coyuntura, mientras las políticas sociales diseñadas para el mediano y largo plazo van ofreciendo soluciones definitivas a los problemas en cuestión. Sin embargo, la manipulación política ha sido uno de los rasgos presentes en la ejecución de tales programas. La próxima Asamblea Nacional deberá instrumentar mecanismos que garanticen el acceso a los beneficios que otorga el Estado para todos los ciudadanos que lo requieran, sin exclusiones políticas, sin exigir contraprestación o compromiso partidista alguno. Tales mecanismos deben además contribuir a la administración transparente de los recursos asignados pues bien sabido es que la corrupción es el otro rasgo que ha caracterizado estos programas durante los últimos tiempos. El mecanismo que proponemos debe tener carácter institucional e incluir no solo al parlamento, sino a otros sectores como la iglesia, ONG`s y por supuesto, a las propias comunidades organizadas.
Por lo antes expuesto, quisiéramos que el Plan Cero Pobreza no sea la iniciativa de una parcialidad política, sino un modesto aporte para el debate y la construcción de consensos en torno a uno de los más graves problemas que embargan a la sociedad venezolana. El Plan Cero Pobreza incluye tres propuestas legislativas y dos principios políticos rectores.
Lo otro que es importante destacar es que se requiere replantear la orientación estratégica de las políticas públicas, así como intervenciones adecuadas en el ámbito institucional, algunas de estas consideraciones suponen la redefinición del rol del Estado en la sociedad. Como referencia de lo que hemos señalado tenemos, entre otros aspectos los siguientes:
1) Descentralización: Hay que revertir la asfixiante tendencia centralizadora y devolver competencias y recursos a las regiones y municipios. La descentralización es una conquista de la sociedad venezolana que precisamente aspiraba aproximar al ciudadano a la toma de decisiones e incrementar la capacidad de las comunidades organizadas para incidir en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas y obras en el ámbito local. La abusiva centralización del poder en los últimos años constituye un retroceso y atenta contra el principio de la “democracia participativa y protagónica” consagrado en la Carta Magna. La predica del gobierno sobre el “Poder Popular” o la “Contraloría Social”, se convierte en un ejercicio de demagogia.
2) Control del gasto público: La ausencia de una Asamblea Nacional que efectivamente ejerza su función contralora, ha derivado en desorden, despilfarro y una inmensa corrupción que se ha devorado ingentes recursos que deberían estar destinados a atender la demanda social. Lo mismo podemos decir de la Contraloría y la Fiscalía General de la República. Ningún país podrá superar la pobreza mientras el Presidente pueda endeudar a la República discrecionalmente, atendiendo intereses caprichosos de orden político y personal. Será imposible, si quienes ejercen el poder pueden dilapidar a su antojo los dineros públicos en regalos a otros países, proselitismo político o sencillamente desviarlos a sus cuentas personales. Por ello, la elección de una nueva Asamblea Nacional tiene especial significación a los fines de propiciar un cambio en la orientación de las políticas públicas.
3) Reorientación de las inversiones: asociado al punto anterior, es necesario que la definición de políticas que atiendan la problemática social del país, pueda marcar la pauta en la formulación del presupuesto de la Nación. Para solo poner un ejemplo, podemos decir que –vista la situación actual- es insólito que se incremente escandalosamente el presupuesto en el sector militar y se reduzcan las inversiones en el área social, incluyendo los programas sociales o Misiones.
4) Fortalecer los órganos de Control Social: los puntos anteriores están referidos al fortalecimiento institucional del Estado, no del gobierno. Pero resulta también muy importante robustecer los mecanismos de organización y participación comunitaria: consejos comunales, asociaciones civiles, organizaciones deportivas o culturales, etc. Se trata de despolitizar la acción comunitaria y dotar a estas organizaciones de información y otros mecanismos para ejercer la Contraloría Social y participar efectivamente como protagonistas de la gestión pública. Mientras el partido de gobierno intente colonizar estos espacios –como lo hacían antes y lo hacen ahora- difícilmente tendrá la suficiente autonomía para contribuir efectivamente al logro de objetivos colectivos. Mientras el Estado mantenga su orientación populista y clientelar, será imposible que el “Poder Popular” pueda expresarse realmente.
5) Programas Sociales: Lo que ahora conocemos como Misiones pudieran ser un eficaz instrumento para atender la coyuntura, mientras las políticas sociales diseñadas para el mediano y largo plazo van ofreciendo soluciones definitivas a los problemas en cuestión. Sin embargo, la manipulación política ha sido uno de los rasgos presentes en la ejecución de tales programas. La próxima Asamblea Nacional deberá instrumentar mecanismos que garanticen el acceso a los beneficios que otorga el Estado para todos los ciudadanos que lo requieran, sin exclusiones políticas, sin exigir contraprestación o compromiso partidista alguno. Tales mecanismos deben además contribuir a la administración transparente de los recursos asignados pues bien sabido es que la corrupción es el otro rasgo que ha caracterizado estos programas durante los últimos tiempos. El mecanismo que proponemos debe tener carácter institucional e incluir no solo al parlamento, sino a otros sectores como la iglesia, ONG`s y por supuesto, a las propias comunidades organizadas.
Por lo antes expuesto, quisiéramos que el Plan Cero Pobreza no sea la iniciativa de una parcialidad política, sino un modesto aporte para el debate y la construcción de consensos en torno a uno de los más graves problemas que embargan a la sociedad venezolana. El Plan Cero Pobreza incluye tres propuestas legislativas y dos principios políticos rectores.
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Mediante una Ley Orgánica se creará un Fondo Especial y mecanismos transparentes y efectivos que garanticen el funcionamiento de un Sistema de Seguridad Social Integral, integrado por cinco (5) subsistemas, a los fines de ofrecer servicios médicos oportunos y de alta calidad, elevar las Pensiones y Jubilaciones, fortalecer el Sistema Nacional de Viviendas y reestablecer el Seguro al Desempleo (Paro Forzoso). El Fondo se constituirá con aportes del Estado, los trabajadores y el sector privado, apoyándose en el Sistema Bancario Nacional e incorporando exitosas experiencias de otros países que han logrado avanzar sustancialmente en el objetivo de garantizar Seguridad Social a la población.
Esta Ley no es una idea nuestra, aunque a su formulación contribuimos. Tampoco es una idea nueva: esta Ley existe incluso desde antes que el Teniente Coronel Chávez Frías ascendiera al poder, lamentablemente a la fecha –luego de casi 11 años- el Presidente no le ha dado prioridad al proyecto de Ley y por supuesto, la Asamblea Nacional se ha mostrado incapaz de tomar la iniciativa. Al contrario, el Parlamento ha abandonado su función contralora y se ha dedicado a legislar sobre materias que nada o poco tienen que ver con los problemas reales de la población. La Ley de Seguridad Social ha permanecido durante mas de una década en alguna gaveta, mientras aprueban leyes para facilitar las expropiaciones, censurar a los medios o imponer un modelo educativo muy distante de las expectativas de una sustancial parte del país, que ve con tristeza como se cae a pedazos la infraestructura educativa del país, como han decaído programas sociales o como se excluye de ellos a mucha gente por razones políticas.
En el año 2007, cuando impulsaba una reforma constitucional para reelegirse indefinidamente, el Presidente ofreció extender los beneficios de la seguridad social a los trabajadores de la economía informal, quizás buscando los votos de ese vasto sector que ha tenido que recurrir a las calles para sobrevivir. En esa oportunidad, el Teniente Coronel perdió la consulta popular y lamentablemente, también se olvidó de la seguridad social para la gente de la economía informal.
Así las cosas, el Plan Cero Pobreza pudiera recordar al Presidente esa otra promesa incumplida pero sobre todo, exhortar al Jefe de Estado y a la Asamblea Nacional para que –al cierre de este ejercicio constitucional del parlamento- puedan sancionar una Ley que traería grandes beneficios a la población venezolana y constituiría un paso importante en esta lucha contra la pobreza. Quizás puedan comprender que –mas allá de los discursos- es posible hacer hoy cosas concretas a favor del pueblo.
Esta Ley no es una idea nuestra, aunque a su formulación contribuimos. Tampoco es una idea nueva: esta Ley existe incluso desde antes que el Teniente Coronel Chávez Frías ascendiera al poder, lamentablemente a la fecha –luego de casi 11 años- el Presidente no le ha dado prioridad al proyecto de Ley y por supuesto, la Asamblea Nacional se ha mostrado incapaz de tomar la iniciativa. Al contrario, el Parlamento ha abandonado su función contralora y se ha dedicado a legislar sobre materias que nada o poco tienen que ver con los problemas reales de la población. La Ley de Seguridad Social ha permanecido durante mas de una década en alguna gaveta, mientras aprueban leyes para facilitar las expropiaciones, censurar a los medios o imponer un modelo educativo muy distante de las expectativas de una sustancial parte del país, que ve con tristeza como se cae a pedazos la infraestructura educativa del país, como han decaído programas sociales o como se excluye de ellos a mucha gente por razones políticas.
En el año 2007, cuando impulsaba una reforma constitucional para reelegirse indefinidamente, el Presidente ofreció extender los beneficios de la seguridad social a los trabajadores de la economía informal, quizás buscando los votos de ese vasto sector que ha tenido que recurrir a las calles para sobrevivir. En esa oportunidad, el Teniente Coronel perdió la consulta popular y lamentablemente, también se olvidó de la seguridad social para la gente de la economía informal.
Así las cosas, el Plan Cero Pobreza pudiera recordar al Presidente esa otra promesa incumplida pero sobre todo, exhortar al Jefe de Estado y a la Asamblea Nacional para que –al cierre de este ejercicio constitucional del parlamento- puedan sancionar una Ley que traería grandes beneficios a la población venezolana y constituiría un paso importante en esta lucha contra la pobreza. Quizás puedan comprender que –mas allá de los discursos- es posible hacer hoy cosas concretas a favor del pueblo.
PETROLEO PARA EL PUEBLO
Se trata de un proyecto de Ley para crear un Fondo de Capitalización Popular de la Renta Petrolera, propuesta que se inspira en una iniciativa que ha estado impulsando la fundación “Petróleo para el Pueblo”, presidida por Pedro Elías Hernández. Probablemente encontraremos diferencias entre esta iniciativa y la propuesta original, sin embargo, ellas son producto del intercambio y forman parte de la dinámica que aspiramos desarrollar. De manera que es posible que en el transcurso del debate, puedan incorporarse otras ideas, aportes y sugerencias, de eso se trata. La principal diferencia que tenemos con la propuesta original es que pensamos que EL ESTADO DEBE PRESERVAR LA PROPIEDAD DE LA INDUSTRIA PETROLERA, sin embargo, es posible crear un fondo de capitalización popular de la renta petrolera.
¿Por qué un fondo de capitalización popular de la renta petrolera? ¿Para qué serviría? Se ha dicho hasta la saciedad que el petróleo es de todos los venezolanos, pues bien, entonces que un porcentaje de las utilidades de la principal Industria del país pueda llegar directamente a la familia venezolana. No se distribuirán recursos bajo el esquema populista del reparto de prebendas que tanto daño ha ocasionado al estimular el clientelismo político, distorsionar los programas sociales y fomentar una nueva forma de exclusión, cuando se brinda acceso a beneficios sociales sólo a quienes estén dispuestos a pagarla con su lealtad o con la renuncia a su derecho a disentir.
Por tales motivos, el Fondo Petróleo para el Pueblo no supone el uso de “tarjetas de pago”, “Tickets” u otra forma que propicie las desviaciones antes señaladas. Sino que se propone que sea directamente el BCV –que recibe las divisas por concepto de venta del petróleo- quien deposite en la banca privada la alícuota que corresponde a cada familia, lo cual hará mediante una cuenta de capitalización a nombre de la madre de cada hogar. Aunque el BCV es una institución del Estado, tal proceso no pasaría por las manos del gobierno –del actual, ni de ningún otro- garantizando así que los recursos puedan llegar a la familia sin que prive ninguna otra condición que ser venezolano y como tal, beneficiario directo de la riqueza que genera la principal empresa nacional.
Financiada por el Estado, se crea una instancia no gubernamental para supervisar el proceso pero además cada ciudadano podrá verificar por Internet su Estado de Cuenta y los ingresos que genera la industria petrolera, como puede hacerlo hoy el socio de cualquier fondo en la banca privada. Cumplidos ciertos requisitos que garanticen el mejor uso de los recursos, la familia podrá acceder a ellos a través de la banca donde ha decidido aperturar la cuenta. Los recursos podrán ser utilizados para los fines siguientes:
EDUCACION: Toda familia tiene derecho a becas de estudios para sus hijos menores de 18 años, para lo cual debe presentar la correspondiente constancia de inscripción. Para mantener el beneficio se establecerán ciertas condiciones de rendimiento académico, ello con la finalidad de estimular la valoración de méritos y premiar el esfuerzo y la constancia, algo que es necesario rescatar en nuestro país. A estos efectos, la escuela deberá enviar la certificación de notas del beneficiario a la institución bancaria y a la superintendencia del programa, lo cual también será un proceso ágil y verificable vía Internet. En definitiva, el programa aspira reducir sensiblemente el impacto de la educación en el presupuesto familiar y combatir de manera directa la deserción escolar por razones económicas, estimular el valor del trabajo en el niño y comprometer mas a los padres en el proceso educativo, quienes tendrán una razón adicional por esmerarse en mejorar el rendimiento escolar de sus hijos.
SALUD: Aspiramos que con la Ley de Seguridad Social Integral que proponemos en el punto anterior, pueda garantizarse los servicios asistenciales básicos pero nos planteamos una alternativa para esa familia con limitaciones económicas que tiene algún familiar con una enfermedad crónica, que requiere tratamientos o intervenciones quirúrgicas de alto costo. En la actualidad, los pacientes en tales condiciones está condenados a muerte. Resulta una gran injusticia que un ser humano que padece alguna enfermedad curable, pierda la vida por no tener los recursos necesarios para su tratamiento.
VIVIENDA: En este caso, Petróleo para el Pueblo funcionaría como un fondo complementario al creado por la Ley de Política Habitacional. De manera que se amplían las posibilidades a la familia venezolana para acceder a mejores viviendas en función a sus propias expectativas. El fondo permitiría el uso asociativo de los recursos, de manera que puede funcionar también como aportes de capital de los miembros de una Organización Comunitaria de Vivienda (OCV).
EMPLEO: No esta previsto que los recursos del Fondo Petróleo para el Pueblo puedan usarse directamente para fines empresariales pero servirán como aval para créditos bancarios a una tasa preferencial, establecida por convenio con la banca privada. De esta forma, la familia que quiera iniciar una microempresa manufacturera, un taller de servicios o desarrollar alguna actividad comercial a nivel local, tendrá garantizada una atractiva fuente de financiamiento, manteniendo el capital en su cuenta.
Previo estudio social, cumplidas las expectativas, satisfechas las necesidades y según ciertas condiciones, como la edad de los miembros del grupo familiar, los recursos del Fondo podrán disponerse para programas para la TERCERA EDAD.
Para cualquiera de los fines previstos, se podrá disponer de recursos según la proyección a futuro y de acuerdo a la disponibilidad de cada socio o familia. Quienes más tengan, podrán proyectar por más tiempo, lo cual también constituye un estímulo al ahorro. Para ahondar en el punto podemos decir que así como es posible para la industria petrolera hacer estimaciones de ingresos, inversiones y compromisos a futuro, los copropietarios de la industria también tendrían ese derecho.
Con el Fondo Petróleo para el Pueblo, aspiramos contribuir al fortalecimiento de la familia venezolana como estructura básica de la sociedad. Por tal motivo, hemos propuesto que la titularidad de la cuenta de capitalización familiar esté a nombre de la madre de ese hogar. Por esta vía, no solo reconocemos el papel de la mujer en la administración de los recursos familiares y el rol que cumplen las madres en la formación de valores en el hogar, sino que se premia la abnegación de ellas por sus hijos y se focaliza la atención del programa en la infancia, principal cantera para construir el futuro.
¿Por qué un fondo de capitalización popular de la renta petrolera? ¿Para qué serviría? Se ha dicho hasta la saciedad que el petróleo es de todos los venezolanos, pues bien, entonces que un porcentaje de las utilidades de la principal Industria del país pueda llegar directamente a la familia venezolana. No se distribuirán recursos bajo el esquema populista del reparto de prebendas que tanto daño ha ocasionado al estimular el clientelismo político, distorsionar los programas sociales y fomentar una nueva forma de exclusión, cuando se brinda acceso a beneficios sociales sólo a quienes estén dispuestos a pagarla con su lealtad o con la renuncia a su derecho a disentir.
Por tales motivos, el Fondo Petróleo para el Pueblo no supone el uso de “tarjetas de pago”, “Tickets” u otra forma que propicie las desviaciones antes señaladas. Sino que se propone que sea directamente el BCV –que recibe las divisas por concepto de venta del petróleo- quien deposite en la banca privada la alícuota que corresponde a cada familia, lo cual hará mediante una cuenta de capitalización a nombre de la madre de cada hogar. Aunque el BCV es una institución del Estado, tal proceso no pasaría por las manos del gobierno –del actual, ni de ningún otro- garantizando así que los recursos puedan llegar a la familia sin que prive ninguna otra condición que ser venezolano y como tal, beneficiario directo de la riqueza que genera la principal empresa nacional.
Financiada por el Estado, se crea una instancia no gubernamental para supervisar el proceso pero además cada ciudadano podrá verificar por Internet su Estado de Cuenta y los ingresos que genera la industria petrolera, como puede hacerlo hoy el socio de cualquier fondo en la banca privada. Cumplidos ciertos requisitos que garanticen el mejor uso de los recursos, la familia podrá acceder a ellos a través de la banca donde ha decidido aperturar la cuenta. Los recursos podrán ser utilizados para los fines siguientes:
EDUCACION: Toda familia tiene derecho a becas de estudios para sus hijos menores de 18 años, para lo cual debe presentar la correspondiente constancia de inscripción. Para mantener el beneficio se establecerán ciertas condiciones de rendimiento académico, ello con la finalidad de estimular la valoración de méritos y premiar el esfuerzo y la constancia, algo que es necesario rescatar en nuestro país. A estos efectos, la escuela deberá enviar la certificación de notas del beneficiario a la institución bancaria y a la superintendencia del programa, lo cual también será un proceso ágil y verificable vía Internet. En definitiva, el programa aspira reducir sensiblemente el impacto de la educación en el presupuesto familiar y combatir de manera directa la deserción escolar por razones económicas, estimular el valor del trabajo en el niño y comprometer mas a los padres en el proceso educativo, quienes tendrán una razón adicional por esmerarse en mejorar el rendimiento escolar de sus hijos.
SALUD: Aspiramos que con la Ley de Seguridad Social Integral que proponemos en el punto anterior, pueda garantizarse los servicios asistenciales básicos pero nos planteamos una alternativa para esa familia con limitaciones económicas que tiene algún familiar con una enfermedad crónica, que requiere tratamientos o intervenciones quirúrgicas de alto costo. En la actualidad, los pacientes en tales condiciones está condenados a muerte. Resulta una gran injusticia que un ser humano que padece alguna enfermedad curable, pierda la vida por no tener los recursos necesarios para su tratamiento.
VIVIENDA: En este caso, Petróleo para el Pueblo funcionaría como un fondo complementario al creado por la Ley de Política Habitacional. De manera que se amplían las posibilidades a la familia venezolana para acceder a mejores viviendas en función a sus propias expectativas. El fondo permitiría el uso asociativo de los recursos, de manera que puede funcionar también como aportes de capital de los miembros de una Organización Comunitaria de Vivienda (OCV).
EMPLEO: No esta previsto que los recursos del Fondo Petróleo para el Pueblo puedan usarse directamente para fines empresariales pero servirán como aval para créditos bancarios a una tasa preferencial, establecida por convenio con la banca privada. De esta forma, la familia que quiera iniciar una microempresa manufacturera, un taller de servicios o desarrollar alguna actividad comercial a nivel local, tendrá garantizada una atractiva fuente de financiamiento, manteniendo el capital en su cuenta.
Previo estudio social, cumplidas las expectativas, satisfechas las necesidades y según ciertas condiciones, como la edad de los miembros del grupo familiar, los recursos del Fondo podrán disponerse para programas para la TERCERA EDAD.
Para cualquiera de los fines previstos, se podrá disponer de recursos según la proyección a futuro y de acuerdo a la disponibilidad de cada socio o familia. Quienes más tengan, podrán proyectar por más tiempo, lo cual también constituye un estímulo al ahorro. Para ahondar en el punto podemos decir que así como es posible para la industria petrolera hacer estimaciones de ingresos, inversiones y compromisos a futuro, los copropietarios de la industria también tendrían ese derecho.
Con el Fondo Petróleo para el Pueblo, aspiramos contribuir al fortalecimiento de la familia venezolana como estructura básica de la sociedad. Por tal motivo, hemos propuesto que la titularidad de la cuenta de capitalización familiar esté a nombre de la madre de ese hogar. Por esta vía, no solo reconocemos el papel de la mujer en la administración de los recursos familiares y el rol que cumplen las madres en la formación de valores en el hogar, sino que se premia la abnegación de ellas por sus hijos y se focaliza la atención del programa en la infancia, principal cantera para construir el futuro.
PROYECTO MI BARRIO
Una Ley Especial de Inversión Pública para programar en el corto, mediano y largo plazo los recursos destinados a la dotación de Infraestructura y mejoramiento de los Servicios Públicos de los sectores populares. La programación se estructurará mediante la aplicación de metodologías de Presupuesto Participativo, de manera que sean las propias comunidades organizadas quienes establezcan los lineamientos y las prioridades de inversión en su sector.
Cumplido los requisitos, se incluye la programación de obras en el Proyecto Mi Barrio, garantizando los recursos indistintamente de quien ejerza la Alcaldía, la Gobernación o la Presidencia de la República. En ningún caso, el monto asignado al Proyecto Mi Barrio podrá ser inferior al 7% del Presupuesto Nacional. Además, esta Ley Especial tiene expresamente prohibido el traslado de partidas, de manera que tales recursos no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en ella. Tales limitaciones colocarán un freno a la corrupción y al despilfarro, orientando el gasto público a áreas de atención prioritaria, reduciendo los gastos militares, ayudas al exterior y otros gastos superfluos que habitualmente restan recursos al sector de Infraestructura y Servicios.
Medios cibernéticos –entre otros- servirán para que la propia comunidad pueda hacer seguimiento a las inversiones del Proyecto Mi Barrio. El Colegio de Ingenieros de Venezuela constituirá la instancia correspondiente a los fines de ofrecer asistencia técnica a las comunidades y apoyar las labores de supervisión e inspección, ello en uso de las atribuciones como Asesor del Estado que la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines le confiere a la referida organización gremial.
El Proyecto Mi Barrio generará un impacto positivo directo en la calidad de vida de las poblaciones de más escasos recursos, no solo por la dotación y mejora de los servicios, sino por la posibilidad de incorporar mano de obra del propio sector. Ahora bien, mas allá de los empleos directos que se generan mediante la incorporación de profesionales, técnicos, mano de obra calificada y no calificada, el Proyecto Mi Barrio generará un significativo número de empleos indirectos por el impulso que imprimiría a la industria de la construcción: el sector con mayor capacidad para dinamizar la economía. De esta manera, el Proyecto Mi Barrio contribuiría sustancialmente a derrotar el desempleo, uno de los factores determinantes de la pobreza.
Cumplido los requisitos, se incluye la programación de obras en el Proyecto Mi Barrio, garantizando los recursos indistintamente de quien ejerza la Alcaldía, la Gobernación o la Presidencia de la República. En ningún caso, el monto asignado al Proyecto Mi Barrio podrá ser inferior al 7% del Presupuesto Nacional. Además, esta Ley Especial tiene expresamente prohibido el traslado de partidas, de manera que tales recursos no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en ella. Tales limitaciones colocarán un freno a la corrupción y al despilfarro, orientando el gasto público a áreas de atención prioritaria, reduciendo los gastos militares, ayudas al exterior y otros gastos superfluos que habitualmente restan recursos al sector de Infraestructura y Servicios.
Medios cibernéticos –entre otros- servirán para que la propia comunidad pueda hacer seguimiento a las inversiones del Proyecto Mi Barrio. El Colegio de Ingenieros de Venezuela constituirá la instancia correspondiente a los fines de ofrecer asistencia técnica a las comunidades y apoyar las labores de supervisión e inspección, ello en uso de las atribuciones como Asesor del Estado que la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines le confiere a la referida organización gremial.
El Proyecto Mi Barrio generará un impacto positivo directo en la calidad de vida de las poblaciones de más escasos recursos, no solo por la dotación y mejora de los servicios, sino por la posibilidad de incorporar mano de obra del propio sector. Ahora bien, mas allá de los empleos directos que se generan mediante la incorporación de profesionales, técnicos, mano de obra calificada y no calificada, el Proyecto Mi Barrio generará un significativo número de empleos indirectos por el impulso que imprimiría a la industria de la construcción: el sector con mayor capacidad para dinamizar la economía. De esta manera, el Proyecto Mi Barrio contribuiría sustancialmente a derrotar el desempleo, uno de los factores determinantes de la pobreza.
LA PROPIEDAD PRIVADA: UN DERECHO DE TODOS
La propiedad privada es mucho mas que una disposición jurídica con rango constitucional, es un principio rector de cualquier política que se plantee como objetivo progresar. En efecto, superar la pobreza supone la generación de riqueza. Dejar de ser pobre implica –además de acceso a servicios- ser propietario de bienes que contribuyan a elevar la calidad de vida, supone pues ser propietario de una casa, un rancho o una parcela; de un automóvil, una camioneta, una moto o una bicicleta; de una nevera, una lavadora o un televisor; una cama o una mesa; etc. Incluso, para los que hoy no tienen nada, garantizar su derecho a la propiedad tiene sentido pues precisamente el Plan Cero Pobreza se propone abrir posibilidades y generar condiciones para incrementar el patrimonio familiar, es decir, que sean propietarios.
Si el sentido común indica que superar la pobreza sugiere la necesidad de generar riqueza, entonces –con todo respeto- tiene pertinencia expresar nuestro desacuerdo con quienes piensan que “ser rico es malo”. Al contrario, lo que realmente es malo es ser pobre. Al proclamar la Propiedad Privada como un derecho de todos, nos colocamos mas allá de paradigmas que la historia ha dejado en el camino, justamente por ser contrarios al sentido del progreso.
Además, reafirmar y defender la propiedad como un derecho fundamental nos permite garantizar la seguridad jurídica indispensable para estimular y propiciar las inversiones nacionales e internacionales en áreas productivas. El modelo económico estatista o capitalismo de Estado es terriblemente ineficiente y proclive a la corrupción pero además resulta incapaz de satisfacer la demanda interna, tanto en términos de bienes y servicios como en términos de empleos estables y bien remunerados. Justamente por ello colapsó el modelo soviético, se derrumbó el Muro de Berlín y permanecen en el atraso los pocos países que insisten en transitar ese camino. Claro está, esta reflexión no puede conducirnos a voltear la mirada a modelos liberales que también han sido altamente ineficientes al intentar poner fin a las inequidades y sentar las bases para una auténtica justicia social. En todo caso, la discusión del modelo económico no es objeto de esta iniciativa, sino advertir que por encima de esos debates, la propiedad es un derecho inalienable y fundamental para derrotar la pobreza.
Si el sentido común indica que superar la pobreza sugiere la necesidad de generar riqueza, entonces –con todo respeto- tiene pertinencia expresar nuestro desacuerdo con quienes piensan que “ser rico es malo”. Al contrario, lo que realmente es malo es ser pobre. Al proclamar la Propiedad Privada como un derecho de todos, nos colocamos mas allá de paradigmas que la historia ha dejado en el camino, justamente por ser contrarios al sentido del progreso.
Además, reafirmar y defender la propiedad como un derecho fundamental nos permite garantizar la seguridad jurídica indispensable para estimular y propiciar las inversiones nacionales e internacionales en áreas productivas. El modelo económico estatista o capitalismo de Estado es terriblemente ineficiente y proclive a la corrupción pero además resulta incapaz de satisfacer la demanda interna, tanto en términos de bienes y servicios como en términos de empleos estables y bien remunerados. Justamente por ello colapsó el modelo soviético, se derrumbó el Muro de Berlín y permanecen en el atraso los pocos países que insisten en transitar ese camino. Claro está, esta reflexión no puede conducirnos a voltear la mirada a modelos liberales que también han sido altamente ineficientes al intentar poner fin a las inequidades y sentar las bases para una auténtica justicia social. En todo caso, la discusión del modelo económico no es objeto de esta iniciativa, sino advertir que por encima de esos debates, la propiedad es un derecho inalienable y fundamental para derrotar la pobreza.
LA LIBERTAD ES VIDA
La libertad como valor esencial y componente determinante de la sociedad es el otro principio rector del Plan Cero Pobreza. La justicia social es un objetivo que solo es posible alcanzarlo en democracia. No existe país en el mundo que haya logrado superar la pobreza, limitando las libertades. Al contrario, tales limitaciones han sido una fuerte restricción para el desarrollo integral de la sociedad en aquellos países donde se ha impuesto un régimen autoritario. Ya lo señalábamos antes, la pobreza no es un problema económico, sino un complejo problema social estrechamente vinculado con la capacidad del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, la igualdad de oportunidades y la justa distribución de la riqueza. En este sentido, el Plan Cero Pobreza se enmarca en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se plantea como objetivo primordial su defensa y la lucha constante por ampliar las garantías que ella consagra para todos los venezolanos, sin distingos políticos, sociales, económicos o religiosos. Acabar con la exclusión no depende del tono de los discursos, sino de que el poder pueda ejercerse sin discriminaciones y el Estado pueda ser garantía de inclusión en los planes, programas y proyectos.
En definitiva, la libertad es vida o lo que es lo mismo, su ausencia hace imposible que pueda vivirse a plenitud. Sin libertad seremos siempre pobres. ¡Democracia sin Pobreza!
En definitiva, la libertad es vida o lo que es lo mismo, su ausencia hace imposible que pueda vivirse a plenitud. Sin libertad seremos siempre pobres. ¡Democracia sin Pobreza!
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